Constitución de 1963

En este mes de abril, República Dominicana estará conmemorando el 50vo. aniversario de la promulgación de la Constitución de 1963, lo que constituyó un paso de avance en el proceso emancipador del pueblo dominicano, dirigido por el gobierno más democrático que tuvo nuestro país, en el pasado siglo: el gobierno del profesor Juan Bosch. Es por ello que deseamos invitarles a leer un análisis comparado sobre la Constitución de 1963 y la de 1966, publicado en la edición no. 19 de la Revista Camino Real, bajo la firma del investigador dominicano Aquiles Castro.

 

Las Constituciones dominicanas de 1963 y la de 1966:


Un análisis comparativo

AQUILES CASTRO


La Constitución votada en abril de 1963 es uno de los referentes   fundamentales para la evaluar y comprender la evolución política de República Dominicana en el período inmediatamente posterior a la caída de la dictadura de Trujillo. Esa Constitución expresa un punto clave en la lucha del pueblo dominicano por la democracia y su soberanía. El balance al proceso que hizo posible la proclamación de esa Constitución, así como su derogación y sustitución, ayuda a explicar cómo los sectores más conservadores de la sociedad dominicana, aliados al poder extranjero, se reciclaron en un neo-trujillismo cuyo sustento jurídico fundamental fue la Constitución de 1966.

Palabras clave: Constitución, Constituyente, democracia, gobierno, nación.

Introducción


Las dos Constituciones que mayor  impacto han tenido en la historia política contemporánea del país han sido: la del 1963 y la de 1966.

La Constitución dominicana de 1963, expresa el texto constitucional más democrático que se haya dado al pueblo dominicano en toda su historia, y como es sabido su contenido y alcance están indisolublemente vinculados al nombre y la figura del profesor Juan Bosch, que en ese momento ocupaba la presidencia de la República.

El proceso que da lugar a esa Constitución forma parte del agitado período histórico que se inicia con la caída de la dictadura de Trujillo en 1961 y cierra con la instalación del Dr. Joaquín Balaguer en el poder en 1966 y el advenimiento de un nuevo marco constitucional.  En ese sentido el análisis comparativo de ambas Constituciones la de 1963 y 1966, ofrece un escenario propicio para evaluar las vicisitudes políticas pos-dictadura en el país y para desvelar cómo es que muchos referentes institucionales, ideológicos y políticos de la dictadura se reciclaron en un neo-trujillismo al amparo de la Constitución votada en 1966 como contrapartida a la del 1963.


La Constitución de 1963:



Su marco político

El contexto político en que surge la Constitución de 1963 y sus antecedentes inmediatos se pueden resumir en los siguientes aspectos:

Tras la caída de la dictadura de Trujillo, el pueblo dominicano logra importantes conquistas democráticas entre las cuales Camino Real destaca la libre organización y expresión de las ideas. Esa situación de apertura, en alguna medida, era lo que prevalecía a nivel regional, con la caída de varias dictaduras a principios de la década de 1960; sin embargo la realidad comenzó a cambiar rápidamente, cuando EE. UU. en su estrategia para reducir potencialidad a la Revolución cubana y a su influencia en la región, retomó una ofensiva intervencionista dirigida a colocar gobiernos ultra-conservadores.

En ese marco se celebran las elecciones generales del 20 de diciembre de 1962 en las cuales Bosch, candidato del Partido Revolucionario Dominicano resulta ganador, obteniendo también mayoría en el Congreso Nacional. La convocatoria a elecciones de representantes para la Asamblea Revisora de la Constitución contenida en la Ley Número 6050 de 1962, fundamentada  en la Constitución del 16 de febrero de 1962, no puso límites a la reforma, como generalmente había sucedido antes. Esto permitió conocer un nuevo texto constitucional y no reformas parciales. Las sesiones se iniciaron el 1º de febrero y concluyeron el 20 de abril, siendo proclamada la nueva Constitución el 29 abril 1963. Dicho texto fue publicado en la Gaceta Oficial Número 8758 del 30 de abril de 1963.

La oligarquía y demás sectores conservadores de la sociedad dominicana que habían sido derrotados en las urnas, no admitieron su fracaso e iniciaron la conspiración contra el gobierno democráticamente electo.

El nuevo gobierno adoptó medidas y desarrolló proyectos de amplia simpatía en la población tales como: la Reforma Agraria, un Plan de Austeridad que suprimió cargos medios y altos en la burocracia estatal ahorrando más de 2 millones de pesos, rebaja del salario del presidente y del vicepresidente de la República, vigencia plena de las Libertades y Derechos civiles y políticos, entre otras.

Todo el desarrollo del proceso constituyente fue un escenario de confrontación entre las ideas y sectores democráticos de un lado y los conservadores por otro. El proyecto que fue presentado tenía un esquema totalmente distinto a los que habían regido antes, con 17 títulos: por ejemplo, instituía principios de democracia y justicia social no contemplados antes; fue muy controversial y discutido lo relativo al clima de libertad existente y el alcance de las propuestas de reformas en curso.

Una muestra de la situación existente se expresó el 5 febrero 1963, cuando se produjeron Comunicados de prensa de los presidentes de la Cámara de Comercio, la Asociación de Industrias y la Confederación Patronal, postulando contra el proyecto; y el 25 de abril, después de concluidos los debates, el Episcopado declaró que “carecía de la universalidad necesaria para ser justa”.

La Constitución de 1963 consagró conquistas importantes como la ampliación de las libertades públicas, otorgó a los obreros el derecho a participar en los beneficios de las empresas donde trabajaban, proclamó la libertad sindical; enalteció el derecho a la tierra para los campesinos y prohibió el latifundio; instituyó que solo los dominicanos tenían el derecho de adquirir tierras en propiedad; estableció el derecho a la vivienda y facultó al Estado para su cumplimiento y declaró la plena vigencia de los derechos humanos. La nueva Constitución entonces aprobada fue, sin dudas, la más avanzada en toda la historia republicana.

La confrontación política generada alrededor del proceso constitucional  continuó una vez aprobado el texto; la conspiración se activó mediante el desarrollo de una campaña de prensa calumniosa contra el gobierno tanto en Estados Unidos como en República Dominicana, campaña en la cual destacaron los diarios El Caribe y La Nación.

Principales puntos de controversia entre los sectores enfrentados


La condición o estatus del hijo natural   (nacidos fuera de matrimonio) por sus                                                                                                        consecuencias en el tema de herencia y la propiedad, fue un punto de discordia durante los debates.

Fue rechazado el artículo 14 contenido en el proyecto original el cual otorgaba participación a los sindicatos en los tres poderes del Estado.

El Artículo 23 que instituye el magisterio como función pública y el papel del Estado y la Educación.

Derechos de propiedad sobre la tierra, control de latifundio y prohibición de desahucios: en los artículos 12 y 13.

La cuestión de la religión y la iglesia, cuyo tratamiento en el Artículo 57 implicó la revisión del famoso Concordato suscrito entre Trujillo y el Vaticano en 1954, que garantizaba una serie de privilegios a la jerarquía católica que son los que explican, en gran medida, el apreciable poder económico y político que hoy aún conserva.

Mediante el Artículo 14 se reconoció plena capacidad civil a la mujer dominicana.


Tras la promulgación de la Constitución del 63


El golpe de Estado contra el gobierno constitucional del presidente Juan Bosch fue la consecuencia más dramática de la entrada en vigencia de dicho texto constitucional. Fue saldada así a favor de la oligarquía y demás sectores conservadores, la contradicción surgida en la sociedad dominicana alrededor de ese marco jurídico de la nación.

El golpe de Estado dio lugar a una crisis política que tuvo como consecuencia ulterior la Revolución Constitucionalista de abril de 1965 cuyo avance victorioso provocó, a su vez, la intervención militar de Estados Unidos, posteriormente “legalizada” con el manto protector de la Organización de Estados Americanos (OEA). Esa intervención frustró el proyecto democrático iniciado por el pueblo dominicano tras la muerte de Trujillo y, al final, instaló en el poder al régimen encabezado por el Dr. Joaquín Balaguer con la misión, probada por los eventos posteriores, de poner en pié una escalada contrainsurgente y fortalecer la penetración y el dominio del capital financiero internacional en la economía dominicana.


La Constitución de 1966: marco político


En 1966, el país acababa de sufrir los rigores de la Revolución de Abril y la intervención militar de 1965. Hechos estos que, como ya se refirió, estuvieron motivados en la Constitución de 1963. Si el golpe de estado del 25 de septiembre de 1963 no fue suficiente por sí solo para anular la Constitución de ese año, la intervención militar norteamericana vino a completar la obra.

En tal sentido, el gobierno que resultó de esa intervención con las elecciones celebradas en 1966, vino a ser el gobierno de los vencedores durante la guerra y por tanto la nueva Constitución delineada en 1966 en sus líneas esenciales es una negación de la de 1963.

La contrarrevolución se había impuesto y los sectores más conservadores de la sociedad dominicana asociados con el gobierno norteamericano se dispusieron a articular su nuevo proyecto de dominación post-Trujillo. La tarea requería de dos piezas claves respecto del Estado: reestructuración del ejército y la policía política, y un marco legal constitucional acorde con esos fines.

El nuevo proyecto de dominación esbozado por los norteamericanos contaba con dos factores como ejes del mismo: uno económico-social y otro político-ideológico. El primero se expresó en la estrategia de fortalecimiento de las empresas multinacionales en el país y el auspicio de un modelo económico que además de garantizar la explotación neo-colonial de la nación, creara las condiciones para el surgimiento de una clase media que hiciera de amortiguador de los conflictos sociales y políticos. El segundo factor, político-ideológico, relacionado con el anterior respondía a la necesidad que tenía el gobierno norteamericano de mantener cercada a Cuba y en el marco de la llamada “Guerra Fría” (pugna entre la URSS y EE. UU.), preservar su hegemonía en la región.

A nivel regional, en América Latina y el Caribe estaba en curso un proceso de endurecimiento del control político por parte de EE. UU. que auspiciaba gobiernos dóciles a sus intereses, con vocación represiva y antidemocrática para poder llevar a cabo los planes de contrainsurgencia que había diseñado.


En el plano jurídico destaca como antecedente al texto constitucional de 1966:

El Acto Institucional del 3 de septiembre de 1965, protocolo de los términos acordados por las partes beligerantes para concluir formalmente la guerra. En su Artículo 53 establece: “El gobierno elegido de acuerdo con el artículo 49 del presente Acto Institucional deberá convocar, en un plazo no mayor de cuatro meses después de su instalación, a una Asamblea Constituyente, a fin de que proceda a tomar una decisión sobre el problema constitucional. La convocatoria deberá fijar el término de duración de la Asamblea Constituyente, y el Congreso, una vez elegido, determinará los medios por los cuales se integrará dicha Asamblea”.

El Articulo 49, por su parte reza: “El gobierno provisional se compromete a celebrar elecciones dentro de un plazo no menor de seis meses ni mayor de nueve, a partir de la entrada en vigencia del presente Acto Institucional, para elegir al Presidente y Vicepresidente de la República y a los miembros del Congreso Nacional por el término de cuatro años, y a los alcaldes y regidores de los municipios por el término de dos años”.

La Ley No. 17 del 13 de septiembre de 1966, dispuso que la Asamblea Nacional se reuniera en funciones de Asamblea Constituyente.

El presidente de la República Dr. Joaquín Balaguer, convocó la Asamblea Nacional en función de Asamblea Constituyente, a fin de que se reuniera el 29 de septiembre de 1966 y en términos de 60 días redactara una nueva Constitución, la cual fue promulgada el 28 de noviembre de 1966 y se encuentra publicada en la Gaceta Oficial Número 9014 del 29 de noviembre del mismo año.

Para tener una idea del ambiente político predominante durante las sesiones de esa Constituyente, se recuerda que la oposición hubo de retirarse en un momento “en razón de que no existe en la República el clima adecuado para discutir y aprobar los artículos relativos a los derechos individuales señalados en la Constitución del Partido Reformista” (El Caribe, 15 octubre 1966, citado por Guzmán, 1982:590).


Algunos contenidos que destacan en la Constitución de 1966


Los aspectos sobre los cuales hubo debate especial, entre otros, fueron:

· La instauración de la reelección presidencial.

· El establecimiento de los derechos individuales.

· Se rechazó la moción que prohibía la deportación de dominicanos. · Se rechazó también una moción que facultaba a la Suprema Corte de Justicia a conocer y decidir recursos especiales de inconstitucionalidad.

El Artículo 7 incorporó el tema fronterizo como parte de la definición de la nación: “Es de supremo y permanente interés nacional el desarrollo económico y social del territorio de la República a lo largo de la línea fronteriza así como la difusión en el mismo de la cultura y la tradición religiosa del pueblo dominicano”.

Fue revisado el tema de la propiedad establecido en la Constitución anterior, por medio del artículo 12 en la del 1966 se estableció claramente que no se podrá ordenar la confiscación de bienes.

Un punto clave fue el de la reelección presidencial que figura restablecida en el texto de 1966. Como se sabe en todo el proceso histórico de la República, las grandes crisis políticas y los debates constitucionales han tenido de telón de fondo la cuestión de la reelección presidencial, piedra de diferenciación entre los actores políticos liberales y conservadores durante la vida republicana.

Además de la no-reelección, varias propuestas sustentadas por la oposición fueron rechazadas durante los debates, entre ellas destacan: la atribución del Congreso Nacional de interpelar a los Secretarios de Estado, la no deportación de dominicanos, el libre acceso de los periodistas a los medios de información oficiales y privados.

Se debe advertir, sin embargo, que el contenido del artículo 8 de la Constitución de 1966, constituye básicamente un reconocimiento a los derechos inalienables del ciudadano, lo cual permite afirmar que esta Constitución expresa un texto contradictorio en algunos de sus contenidos, ya que coexisten principios democráticos con otros que riñen abiertamente con ese espíritu, como la concentración de poder en la presidencia de la República y el hecho de que no ofrece los medios adecuados para que los señalados principios democráticos se hagan efectivos.

Algunas conclusiones

Un somero análisis comparativo entre los dos textos constitucionales –el de 1963 y del 1966–, permite desvelar las razones del golpe de Estado al gobierno constitucional encabezado por el profesor Juan Bosch.

Los intereses de la oligarquía criolla, la jerarquía católica, las multinacionales y el gobierno norteamericano, son plenamente revindicados por la Constitución de 1966, en detrimento del interés nacional expresado en el texto de 1963.

La selección de varios aspectos considerados importantes, como muestra de los puntos neurálgicos en ambos textos, arroja el siguiente resultado: Ambas Constituciones registran los mismos contenidos, a menudo el mismo texto, para los siguientes temas: libertad de asociación, sobre los monopolios, vivienda, la nacionalidad, funciones del presidente de la República, Las reformas constitucionales.


En otros temas es marcada la distancia entre ambos:

Libertad de conciencia: La Constitución del 63 reconoce todas las religiones, lo cual implica distancia del Concordato y el consiguiente vínculo entre Estado y religión católica. La del 66 recupera este anacronismo.

Los beneficios de la empresa: La del 63 es taxativa sobre este derecho de los trabajadores, indicando incluso que es irrenunciable. Las del ’66 lo posterga a la definición de una ley.

De la propiedad: La del 63 contempla la confiscación de propiedad por motivo de interés social, lo cual es negado por la del 66. La del 63 limita el derecho de propiedad sobre la tierra a los nacionales dominicanos constriñendo el acceso de los extranjeros; la del 66 anula este principio.

Reforma Agraria: La del 63 concibe como de alto interés la Reforma Agraria.

La del ’66 no contiene ningún dispositivo claro al respecto, salvo lo referido al tema de propiedad que reivindica sin ningún condicionamiento.

Sobre el Latifundio: La del 63 expresa claramente la prohibición del latifundio, mientras que la del 66 propone su eliminación gradual.

Cooperativas: En la del 63 el Estado recibe un mandato claro en el sentido de auspiciar el sistema de cooperativas, mientras que la del ’66 lo plantea como una posibilidad al indicar que el Estado podrá hacerlo, es decir que le estaría permitido más no obligado a ello.

La Familia: La Constitución del 63 reconoce la igualdad de derechos de los hijos con independencia de si son o no reconocidos por el padre. Esta Constitución prohíbe a los funcionarios públicos registrar la condición de hijo natural o legítimo. La del  66 retoma la versión existente antes de 1963 que establece esa discriminación.

Educación: La Constitución de 1963 contiene una verdadera revolución al respecto. Declara de alto interés social la erradicación del analfabetismo, al tiempo que indica mecanismos específicos para hacerla posible. Proclama la ciencia como fundamento básico de la educación, con lo cual se distancia de factores como el religioso de amplia gravitación antes de su proclamación. El oficio del magisterio es elevado a la condición de función pública con rango constitucional, constituyendo una reivindicación de la profesión. Se plantea promover la educación universitaria y técnica para obreros y campesinos, mientras la Constitución del 66 habla de “educación doméstica” y contiene una declaratoria general sobre el analfabetismo, en tanto anuló los mecanismos previstos en el texto del 63.

El Trabajo: En la versión del 63 se asume un concepto del trabajo como fundamento de la nación y es valorado como actividad esencial, base de su organización social, política y económica. Lo referido a la organización sindical de los trabajadores es considerado en los mismos términos en ambos textos constitucionales, sin embargo la del 63 (a diferencia de la del 66) reconoce explícitamente una serie de derechos a los trabajadores, tal como el derecho de huelga.

Aspecto judicial: La diferencia en este tema crucial es que la Constitución del 63 contempla una ley que apunta a la carrera judicial, mientras que la del 66 prescinde de ese dispositivo con el evidente propósito condiciones suficientes para dar la pelea por de que el Ejecutivo desde el Senado y por  sí pueda continuar  ejerciendo control  sobre dicho poder del Estado. Esto queda claro al comparar  ambos textos: el del 66 es un extracto del primero sustrayendo la parte indicada.

Al realizar una valoración final sobre las circunstancias históricas en que se produce la Constitución de 1963 y la evolución de los acontecimientos en virtud de los cuales fue derogada, se puede aseverar  que el carácter profundamente liberal y democrático de esa Constitución, requerirá de unas fuerzas económicas y sociales que le sustentarán y la sociedad dominicana de entonces carecía de esas fuerzas en condiciones suficientes para dar la pelea por ella; por esa razón es que el espaldarazo del pueblo en las urnas no pudo ser reiterado e imponerse cuando las fuerzas conservadoras y reaccionarias pasaron a la ofensiva mediante el golpe de Estado.



Bibliografía

Guzmán, Raymundo A.: Constitución Política y Reformas Constitucionales,  vol. III, Santo Domingo, UASD/ONAP, 1992, pp. 489/550.

Jiménez, Félix: “La Constitución de 1963”, en:

¿Cómo fue el Gobierno de Juan Bosch: Santo Domingo, Alfa y Omega 1978, pp. 89-139.



EL AUTOR




Aquiles Castro es graduado de Licenciatura en Antropología por la UASD y Master en Historia Dominicana. Profesor del Departamento de Sociología e Historia de la UASD  y del Instituto Filosófico Pedro Francisco Bonó. Se desempeña actualmente como Encargado del Área Fuentes Orales, en el Departamento de Investigación del Archivo General de la Nación.

E-mail: Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla

 

 

http://issuu.com/fundacion-juan-bosch/docs/revista_fundaci_n_juan_bosch_no._19

 

 

Calle paseo de los Locutores No. 43 Evaristo Morales, Santo Domingo. Rep. Dom.
Tel: 809-472-1920
Fax: 809-549-3066
E-mail: fundacionbosch@gmail.com